El Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia dictaminó una multa diaria de 85,9 millones de pesos contra la administración provincial de Chaco por incumplir una medida cautelar a favor de una comunidad wichi. La sanción judicial, que se hizo efectiva a partir de agosto de 2024, se impuso debido a la falta de garantías en los derechos de la comunidad indígena, los cuales debían ser asegurados por el gobierno provincial. La sentencia representa una orden directa dirigida a la gestión que él encabeza.

Si bien este antecedente legal no se trata de una causa penal, marca un hito para la administración provincial. El pronunciamiento judicial en este caso establece una responsabilidad directa sobre la gestión de gobierno por el incumplimiento de una orden dictada por un juez.

Este caso se distingue de las acusaciones que vincularon a Zdero con la causa "Lavado II", donde se investigaron presuntas irregularidades en la gestión de la exintendenta Aída Ayala. En esa causa, Zdero declaró como testigo y no fue imputado ni enjuiciado.