En una jornada determinante para la justicia federal del nordeste argentino, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia dio a conocer el veredicto en la causa conocida como la "usina de facturas truchas", uno de los esquemas de evasión, asociación ilícita fiscal y lavado de activos más resonantes de la región.

Los principales imputados, Walter Pasko y Fernando Ayala, recibieron penas de 10 años de prisión efectiva tras ser declarados culpables como jefes organizadores de una red sistemática destinada a fraguar documentación contable para beneficiar indebidamente a empresas y particulares, además de canalizar fondos de origen ilícito.

Un esquema millonario de evasión y lavado de activos

La causa judicial reveló un intrincado mecanismo mediante el cual se emitían facturas apócrifas para simular gastos inexistentes, generar créditos fiscales espurios y evadir impuestos a gran escala. Las maniobras no solo afectaban las arcas del Estado nacional, sino que involucraban desvíos de fondos públicos a través de cooperativas, fundaciones y organismos estatales como el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

Además de las condenas a prisión, el tribunal ordenó el decomiso inmediato de los bienes obtenidos como producto del delito, disponiendo un plazo de 10 días hábiles para su ejecución.

Las condenas del resto de los involucrados

El fallo del TOF de Resistencia alcanzó a un total de 11 personas procesadas, determinando las siguientes responsabilidades y sanciones:

• Walter Pasko y Fernando Ayala: 10 años de prisión (Jefes de la asociación ilícita fiscal en concurso real con lavado de activos).
• María José Reinau: 7 años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos, con una sanción económica equivalente al doble del monto operado.
• Diana Yael Daniel (exsecretaria general del IAFEP): 6 años de prisión como coautora de asociación ilícita fiscal.
• María Belén Reinau: 5 años y 6 meses de prisión.
• Edith Marisel Ayala: 5 años de prisión.
• Jorge Pasko y Álvaro Iván Pasko: 4 años y 6 meses de prisión cada uno.
• Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy: 4 años de prisión efectiva cada uno.
• Juana Elsa Brahim: 3 años y 6 meses de prisión.

El impacto institucional y fiscal

El caso contó con la querella de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo continuador de la AFIP— y el Ministerio Público Fiscal, cuyos alegatos sostuvieron que la red operaba con una estructura jerárquica aceitada y roles definidos para ocultar las ganancias no declaradas en negocios formales, peluquerías y fideicomisos.

Con esta sentencia, la Justicia Federal marca un precedente contundente en el combate contra los delitos económicos y la corrupción vinculada a la administración de fondos fiscales en la provincia de Chaco.