Diputados provinciales del interbloque presentaron un proyecto de resolución para manifestar su preocupación por la Resolución N° 2623/2026 del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), que modifica el régimen del Fondo de Alta Complejidad (FAC) e incorpora nuevas exigencias administrativas para sus beneficiarios.

La iniciativa advierte sobre las consecuencias que podrían derivarse de la implementación de un reempadronamiento obligatorio para quienes actualmente reciben cobertura a través del FAC y de la incorporación de plazos de vigencia para determinadas prestaciones destinadas a pacientes con enfermedades graves, crónicas y de alto costo.

En ese marco, el Diputado provincial Sebastián Benítez Molas sostuvo que “cuando hablamos del Fondo de Alta Complejidad estamos hablando de personas que atraviesan enfermedades graves y que dependen de tratamientos continuos para preservar su salud y, en muchos casos, su vida. Cualquier medida que agregue incertidumbre o burocracia debe ser revisada con extrema prudencia”.

El proyecto señala que detrás de cada prestación alcanzada por el FAC existen pacientes oncológicos, personas trasplantadas, pacientes con insuficiencia renal terminal, enfermedades neurológicas progresivas y otras patologías complejas que requieren tratamientos permanentes, medicamentos de alto costo y seguimiento médico constante.

Los legisladores expresaron además su preocupación por la posibilidad de que las nuevas exigencias administrativas generen demoras, interrupciones o dificultades en la continuidad de tratamientos ya autorizados, afectando a personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

“La sustentabilidad del sistema es importante, pero nunca puede lograrse poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos médicos. Primero están los pacientes y la garantía efectiva del derecho a la salud”, afirmó Benítez Molas.

Entre otros puntos, la resolución solicita al Directorio del INSSSEP que suspenda la aplicación de los mecanismos de reempadronamiento obligatorio y de limitación temporal de la cobertura hasta tanto se garantice de manera fehaciente que las modificaciones no producirán restricciones ni perjuicios para los beneficiarios actuales.

Asimismo, requiere la elaboración de un informe técnico, sanitario, jurídico y financiero que fundamente los cambios introducidos y detalle su impacto sobre la población alcanzada.

“Nadie que esté atravesando un cáncer, una diálisis o un tratamiento posterior a un trasplante debería estar preocupado por trámites administrativos cuando lo que necesita es la certeza de que su tratamiento va a continuar. La salud debe estar por encima de cualquier decisión burocrática”, concluyó el legislador.