El escándalo por las millonarias inversiones con fondos públicos de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó un giro decisivo en las últimas horas. La Bolsa de Comercio del Chaco respondió con un informe técnico contundente que, lejos de desmentir las operaciones, confirmó que el municipio operaba en el mercado de capitales desde 2023, con conocimiento pleno de las autoridades locales.

La documentación, ya incorporada al expediente judicial, ratifica que las transacciones se realizaron sin garantías suficientes para proteger el patrimonio público. Pero el dato más relevante no es sólo la ausencia de respaldo, sino la confirmación de que existía un “asesor autorizado” por la propia gestión municipal para ejecutar las operaciones financieras. Es decir: no hubo improvisación ni error administrativo aislado, sino una estructura formal que tomó decisiones de inversión con fondos de los contribuyentes.

La denuncia del diputado Santiago Pérez Pons fue el disparador que permitió destapar un esquema de proporciones gigantescas para las arcas municipales. Lo que comenzó como una advertencia política terminó revelando un presunto perjuicio superior a los 1.500 millones de pesos, cifra que impacta directamente en obras, servicios y funcionamiento básico de la ciudad termal.

Frente a las acusaciones públicas del intendente Bruno Cipolini, la Bolsa adoptó una postura institucional sólida: sus directivos brindaron explicaciones técnicas, detallaron la operatoria, acreditaron la existencia de autorizaciones formales y aseguraron que se presentarán en todos los ámbitos administrativos y judiciales necesarios. Lejos de replegarse, la entidad se mostró dispuesta a transparentar cada movimiento y a sostener su versión con documentación.

La estrategia política que comenzó a delinearse en paralelo resulta evidente. Desde sectores del gobierno provincial se intenta instalar la idea de que la Bolsa fue un actor “oscuro” o irresponsable, en una narrativa que apunta a desplazar el foco del problema. Según coinciden fuentes políticas, esta línea tendría dos objetivos concretos: por un lado, evitar que el intendente quede expuesto a un eventual pedido de intervención del municipio; por otro, debilitar la credibilidad de la Bolsa para redireccionar clientes e inversiones hacia el Nuevo Banco del Chaco.

Sin embargo, el propio informe de la entidad financiera deja un punto ineludible: el municipio sabía dónde invertía, desde cuándo lo hacía y quién ejecutaba las operaciones. La existencia de un asesor autorizado elimina cualquier argumento de desconocimiento y traslada la responsabilidad política y administrativa directamente a la conducción municipal.

En este contexto, la discusión ya no gira en torno a si hubo operaciones —porque las hubo y están acreditadas— sino sobre la legalidad, prudencia y legitimidad de haber colocado fondos públicos en activos de riesgo sin un marco normativo específico que lo respaldara. Si la justicia determina que se comprometieron recursos municipales sin garantías adecuadas, el debate podría escalar del plano político al penal.

Mientras tanto, la Bolsa de Comercio del Chaco optó por una defensa técnica y frontal. La Municipalidad, en cambio, enfrenta un escenario cada vez más complejo, donde la documentación oficial contradice los intentos de deslindar responsabilidades. La comunidad de Sáenz Peña observa con preocupación cómo una maniobra financiera que debía resguardar el dinero público terminó convirtiéndose en una crisis institucional de alto voltaje.